Entran en vigor las nuevas categorías para la clasificación de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y el ámbito de aplicación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, pasa a ser el recogido en el artículo 2.
Desde el 15 de agosto el ámbito de aplicación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, es el recogido en el artículo 2, el cual amplía el ámbito actual de aplicación y modifica las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), que pasan a agruparse en 7, a diferencia de las 10 que existían hasta ahora.
Aunque la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 4 de julio, las reduce a 6 categorías, se ha considerado adecuado separar los paneles fotovoltáicos en una nueva categoría, dada la singularidad de es te tipo de aparatos, para que no distorsione las cuotas y objetivos de recogida anuales del resto de aparatos eléctricos con características más similares.
Nuevas categorías AEE
1. Aparatos de intercambio de temperatura.
2. Monitores, pantallas, y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 cm2.
3. Lámparas.
4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50 cm).
6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior
superior a los 50 cm).
7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50 cm).
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha publicado una guía para realizar la declaración de los AEE puestos en el mercado al RII-AEE, de acuerdo con las nuevas categorías.
Objetivo del Real Decreto 110/2015
El 21 de febrero de 2015 se publicó en el BOE el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que incluye una batería de nuevas medidas para mejorar su recogida separada y gestión.
La gestión de este tipo de residuos -que contienen materiales valiosos, pero también sustancias peligrosas que hay que tratar- comienza con su adecuada entrega en las instalaciones de recogida municipales, como los llamados «puntos limpios», las tiendas de aparatos eléctricos y electrónicos, los gestores autorizados y los puntos específicos habilitados por los fabricantes. El coste anual asociado a toda esta gestión supera anualmente en España los trescientos millones de euros.
La regulación existente hasta la fecha en nuestro país no ha proporcionado la solución completa de algunos problemas de esta gestión, como las bajas tasas de recogida separada, gestión inadecuada de algunos residuos de algunos aparatos y falta de información sobre el origen y evolución de los aparatos eléctricos y electrónicos.
El Real Decreto transpone la normativa comunitaria sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva del 4 de julio de 2012), con el fin de cumplir los objetivos de recogida y gestión que impone la norma comunitaria, clarificar los puntos de recogida y las obligaciones de información en esta materia, y mejorar el control del traslado de este tipo residuos fuera de la Unión Europea.
Asimismo, para impulsar la prevención de la generación de este tipo de residuos fomenta tratamientos como la preparación para la reutilización, lo que permite poner en el mercado de nuevo el mismo producto una vez que se haya reparado. Para ello, establece requisitos para los gestores que garanticen que la preparación para la reutilización se realiza de manera adecuada.
Empleo verde
El Real Decreto incluye objetivos específicos de preparación para la reutilización, ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos.
Con ello, se estimula, además, la creación de puestos de trabajo asociados a esta actividad de reparación, que permitirá una nueva puesta en el mercado de los productos y el aumento de su vida útil. El sector de los residuos es el mayor generador de empleo verde en España y representa un 27% del total del empleo de este tipo en nuestro país, mientras que la preparación para la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puede generar alrededor de 4.700 empleos directos, según estimaciones recientes.
En este sentido, la normativa incluye los requisitos técnicos necesarios para que esta actividad de preparación para la reutilización se realice con todas las garantías para la salud, el medio ambiente y los consumidores de los nuevos productos. A estos efectos se prohíbe también, de una manera expresa, el abandono en la vía pública de estos residuos.
Teléfonos móviles
Esta norma establece que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos deben aceptar gratis los aparatos ya usados muy pequeños, de hasta veinticinco centímetros, como los teléfonos móviles o transistores, si disponen de un establecimiento de más de cuatrocientos metros cuadrados y sin que el consumidor deba comprar otro a cambio.
Asimismo, y por primera vez, la venta de aparatos eléctricos o electrónicos a través de Internet debe garantizar también que los compradores puedan entregar los residuos que generen, de igual manera que en las tiendas físicas.
Mejora de trazabilidad y control
El Real Decreto, por otra parte, incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y supervisión por las Administraciones Públicas de la gestión de estos residuos y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones.
Para ello, se crea una Plataforma Electrónica en la que se incluirán los datos de la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que organiza la recogida de estos residuos desde los «puntos limpios» y los establecimientos donde los consumidores los depositen, Oficina que será supervisada por las Administraciones Públicas implicadas.
La regulación introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico, y no sólo de ámbito nacional como hasta ahora, y que se establecerán, entre otros parámetros, en función de la población de la Comunidad Autónoma para que éstas puedan ejercer sus competencias de inspección y control de una manera efectiva.
Por último, la normativa también introduce los requisitos técnicos para que las Comunidades Autónomas otorguen las autorizaciones de las plantas de tratamiento de estos residuos, homogeneizando los tratamientos que se han de cumplir en todo el territorio del Estado.
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