El secretario de Estado de Medio Ambiente anuncia una profunda revisión del sistema de evaluación ambiental

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado el miércoles 16 de mayo una profunda revisión del sistema de evaluación ambiental como parte de una nueva política que cumplirá unos objetivos de conservación exigentes, pero que no será un lastre para las nuevas actividades que creen empleo y riqueza.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Federico Ramos ha detallado las grandes líneas de la política medioambiental y ha subrayado que el objetivo de la futura revisión normativa es corregir solapamientos, incoherencias y trabas administrativas. «Promovemos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad», ha defendido Ramos, quien ha subrayado que un marco normativo claro y seguro favorecerá que la sociedad avance hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente.

En este sentido, Ramos ha advertido de que el «desorden jurídico puede ser igual de devastador y de generador de ineficiencias y desigualdades que la ausencia de recursos económicos». El secretario de Estado ha destacado que el futuro modelo normativo proporcionará seguridad jurídica a los agentes económicos, especialmente a las empresas, para que puedan programar sus inversiones y, en concreto, a las que tienen objetivos de reducción de la contaminación y de gestión de los residuos, entre otras.

Respecto a las distintas actuaciones previstas en el ámbito de la calidad, la evaluación ambiental y el medio natural, Federico Ramos ha anunciado una «profunda revisión del sistema de evaluación ambiental» y ha explicado que trabajarán estrechamente con las Comunidades Autónomas para establecer procedimientos homogéneos.

«Se trata de una tarea difícil, pero que sin duda redundará en beneficio tanto de quienes quieran desarrollar actividades económicas, como de la indispensable protección del medio ambiente», ha indicado el Secretario de Estado.

Además, ha apostado por la simplificación normativa en materia de medio natural para evitar el solapamiento sobre un mismo espacio de distintas figuras de protección cada una con su propio régimen de ordenación. Esta simplificación, según ha subrayado, no supondrá en ningún caso una merma para la protección medioambiental.

Asimismo, se ha referido a la revisión del Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, como otra de sus prioridades, para que incluya medidas realistas y eficientes, así como al desarrollo de una estrategia que permita cumplir con los objetivos europeos en prevención y reciclado de residuos.

Entre las grandes líneas medioambientales, Federico Ramos ha propuesto una política del agua seria, realista y proyectada a largo y medio plazo, ya que es lo que garantiza la sostenibilidad de un recurso tan escaso como necesario.

Ramos ha recordado que el desorden en la planificación y el atraso en el cumplimiento de la Directiva Marco de Agua de la etapa socialista ha provocado que España haya perdido crédito frente a la Unión Europa y que se hayan puesto en riesgo la ejecución de nuevas obras con fondos europeos.

Con el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, el Ministerio ha pretendido resolver el desorden con distintas actuaciones en materia de agua y que, según ha avanzado Federico Ramos, se completarán con una reforma de la Ley del Agua en distintos aspectos.

Entre los más importantes, ha citado los relativos a la fórmula de cálculo de las tarifas, a la seguridad regulatoria y retribución de costes en los servicios del agua, a la gobernanza en la explotación de las infraestructuras hidráulicas o a las medidas para fomento de la eficiencia de gasto.

Respecto a las acciones previstas en la red de desaladoras, ha indicado que por el coste de su producción es difícil emplearlas de forma masiva en la agricultura, aunque sí puede ser útil para el suministro urbano y turístico. Para hacer sostenible esta red, el Ministerio trabaja en la incorporación de volúmenes de agua desalada para consumo urbano, por lo que se han planificado obras necesarias para poner en producción las plantas y ligarlas al consumo urbano.

En relación a la política de costas, Federico Ramos ha abogado por lograr una mejora de la regulación y de la actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre y por emprender acciones que refuercen la garantía de derechos. Para ello, se aumentará la transparencia y la seguridad jurídica de la política de costas mediante acciones como la publicación de la línea de deslinde en la web y, en esa misma línea, la Secretaría de Estado elabora un inventario de ocupaciones en la costa española.

Ramos ha subrayado que la futura Ley en la que trabaja el Ministerio hará posible que la protección del litoral sea compatible con la creación de empleo y con la conservación de los recursos naturales. Tras pedir la implicación de todos para conservar la costa, ha adelantado que la Secretaría de Estado ultima un código de buenas prácticas para los titulares de concesiones en las playas que serán también los principales aliados en la protección, conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.

Entre otros ejes de actuación y en relación a la biodiversidad marina, Federico Ramos ha indicado que se consolidará la Red Natura 2000 y que se propondrán nuevos Lugares de Importancia Comunitaria y se declararán zonas de Especial Protección para Aves marinas.

Ramos ha avanzado que próximamente se aprobará un Sistema Nacional de Respuesta frente a la contaminación accidental que aporte más coordinación entre las distintas administraciones ante los potenciales episodios de contaminación en la costa.

Federico Ramos ha valorado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en apenas cuatro meses, ya ha adoptado medidas «imprescindibles» para que España cumpla con sus compromisos comunitarios en materia de política de cambio climático.

Entre otras, ha citado la reforma de la Ley del Mercado de Valores (incluida en el Real Decreto-ley de medidas urgentes sobre medio ambiente) para que nuestro país esté en condiciones de realizar subastas de derechos de emisión en el nuevo marco común europeo. Ramos ha garantizado su compromiso de cumplir con el Protocolo de Kioto, a pesar de la «lamentable» situación de partida que arrastra España por la anterior gestión medioambiental.

Para ello, el Ministerio ultima una nueva estrategia de compra de unidades de carbono, que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos y que los retornos a las empresas españolas sean reales, es decir, que se concreten en proyectos, ante los «pobres resultados» de la anterior legislatura.

Además, ha planteado la necesidad de establecer la Plataforma de Durban para la adopción antes de 2015 de un nuevo instrumento legamente aplicable a todos los países a partir de 2020, así como la puesta en marcha del fondo Verde para el Clima y la continuación del Protocolo de Kioto, a través de un segundo periodo de compromiso.