El nuevo texto normativo afronta los problemas que no pudo solucionar la anterior Ley de 1988 y prohíbe expresamente la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado.. La reforma de la Ley de Costas responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental.. Entre otras novedades, la Ley incorpora una cláusula para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una estrategia de lucha contra el cambio climático.
El Congreso aprueba hoy definitivamente la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas.
Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
Prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas)como en su zona adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado.
La Ley de Costas responde única y exclusivamente al interés general, a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones), siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido resolver.
Por ejemplo, uno de estos problemas que viene de la anterior legislación es la urbanización descontrolada en algunos puntos de litoral y que ha supuesto su degradación. Para evitarlo, la nueva ley no solo impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una cláusula, la llamada «Antialgarrobicos», que permite frenar la construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión judicial.
DEFENSA DE LAS CONSTRUCCIONES LEGALES
La Ley defiende a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y que se vieron después desposeídos.
La reforma obliga a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde. Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. La Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en España.
Otra de las medidas esenciales es la mejora de la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
PRIMERA LEY DE COSTAS QUE TIENE EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Otra novedad de la Ley es que es la primera vez que se introducen políticas de lucha contra el cambio climático en una Ley de Costas española, pues hay que tener en cuenta la adaptación y la mitigación del mismo en nuestro litoral.
La ley prevé que, en el plazo de dos años, se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que jamás se ha hecho.
Fuente: MAGRAMA