Actualiza la legislación suprimiendo algunos trámites innecesarios y obsoletos y la adapta al régimen comunitario de traslado de residuos. Esta regulación supondrá un ahorro significativo de costes tanto para las empresas como para las administraciones, debido a la unificación y a la presentación telemática de los documentos
Este Real Decreto actualiza la legislación existente en la materia sobre los traslados de residuos peligrosos y establece un régimen de traslados coherente con la legislación comunitaria. Desarrolla, asimismo, el régimen jurídico establecido en la Ley de residuos y suelos contaminados y clarifica conceptos y responsabilidades de las partes que intervienen en su traslado.
La norma introduce nuevos instrumentos para mejorar la trazabilidad y el control de los residuos, como el contrato de tratamiento y el documento de identificación, que acompaña al residuo durante su traslado y cumple, asimismo, la finalidad de servir de acreditación documental de la entrega del residuo a la instalación de destino para su tratamiento. Se trata de una nueva regulación de ciertos aspectos relevantes para el control y la vigilancia de los traslados y el correcto tratamiento de los residuos.
Además, para determinados traslados, se incorporan medidas de control por parte de las Comunidades Autónomas mediante la notificación previa de traslado, para garantizar que se cumplen los principios fundamentales de la ley de residuos.
El nuevo Real Decreto avanza en la agilización administrativa respecto a la anterior legislación, suprimiendo algunos trámites innecesarios y obsoletos, e incorporando la notificación previa general para múltiples traslados, que mantiene su validez durante tres años.
La norma garantiza el principio de unidad de mercado, estableciendo documentos estandarizados y únicos para todo el territorio del Estado, y establece la tramitación electrónica del procedimiento, lo que supone una disminución considerable de costes para las empresas y para las administraciones públicas.
Para la elaboración de esta nueva norma, que entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha consultado a los sectores implicados y a las Comunidades Autónomas en distintos foros, como la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, la Comisiónde coordinación en materia de residuos y el Consejo Asesor de Medio Ambiente.