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Legislación ambiental y estructura legislativa en España

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¿Qué son las normas medioambientales?

El derecho ambiental está constituido por el conjunto de normativa medioambiental que establece las disposiciones legales para la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud humana.

Cada país tiene su propio ordenamiento jurídico ambiental, que puede diferenciarse enormemente de unos países a otros, por lo que es necesario acotar el ámbito geográfico en el que nos encontramos para poder establecer la legislación medioambiental que aplica, si bien todas las normativas ambientales persiguen el mismo objetivo, lograr la protección del medio ambiente y establecer un sistema más sostenible.

Estructura de la legislación ambiental en España

Para revisar la legislación ambiental o legislación de medio ambiente que aplica a una organización debe tenerse en cuenta la normativa Comunitaria, Estatal, Autonómica y Municipal.

Aquí resumimos la estructura legislativa en pirámide, en la que siempre han de cumplirse todos los niveles jerárquicos. Las normas ambientales son más restrictivas según «bajamos» en la pirámide, es decir, la Comunidad Europea dicta unas líneas básicas y a partir de ahí el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos (todos dentro de sus competencias) tendrán capacidad para imponer límites más restrictivos.

Lo más importante a conocer es que una norma de rango inferior a otra siempre deberá ser más restrictiva que aquella de la que procede, es decir, si el estado fija unos límites de ruido las Comunidades Autónomas podrán poner límites propios pero siempre tendrán que partir de esos límites y, si los cambian, serán siempre más restrictivos.

A nivel general en legislación (no sólo en legislación ambiental), el artículo 1.1 del Código Civil español establece: «Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho«.

Las leyes son normas jurídicas nacidas de la potestad normativa del Estado. Las normas se establecen según una «jerarquía», encontrándose en el vértice de ésta la Constitución Española, seguida de los estatutos de autonomía, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y los reglamentos. En esta jerarquía, según el artículo 1.2 del Código Civil,  «Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior».

Tras la adhesión de España a la Unión Europea, también debemos tener presente todo el Derecho comunitario, integrado por reglamentos, directivas y decisiones, que en ocasiones han de integrarse en el Derecho interno y en todo caso forman parte del ordenamiento jurídico español con un rango superior al de sus leyes ordinarias.

Normativa ambiental Europea

España es uno de los países que integran la Unión Europea, y por tanto la legislación ambiental aprobada por las instituciones comunitarias prevalece sobre la legislación ambiental nacional. Este carácter de supremacía se fundamenta en la cesión de soberanía que los Estados miembros realizan en favor de las instituciones europeas.

La Unión Europea tiene potestad legislativa para obligar a los Estados miembros a cumplir sus directivas y reglamentos.

Dentro del alcance de la normativa ambiental europea nos encontramos con normativa medioambiental enfocada en especial a la lucha contra la contaminación y el cambio climático, protección de la biodiversidad y la economía circular y sostenible.

Normativa ambiental estatal

La norma suprema del Estado es la Constitución española de 1978 y, por tanto, toda norma jurídica que forme parte del Ordenamiento español debe ser compatible con ella (serán nulas todas las contrarias).

A tal efecto, la Constitución española de 1978 es la norma suprema del Ordenamiento jurídico español, que regula a su vez toda la compleja interrelación entre las distintas normas y sus relaciones de jerarquía y competencia.

Toda la legislación ambiental parte del artículo 45 de La Constitución:

Artículo 45

  1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
  2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
  3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Normativa ambiental autonómica

La Constitución Española establece la competencia de las Comunidades Autónomas en la regulación de ciertas materias y su capacidad de dictar normas con rango de Ley mediante sus propios Parlamentos. En un trámite conjunto entre el Parlamento Autonómico y el Parlamento Nacional se dicta el Estatuto de Autonomía, que se constituye como norma fundamental de la Comunidad Autónoma. Después de ésta, la prelación de leyes será la Ley dictada por el Parlamento Autonómico en las materias de su competencia y el reglamento, dictado por el Ejecutivo Autonómico.

Normativa ambiental municipal

A los entes locales no se les ha atribuido capacidad legislativa, aunque sí poseen potestad reglamentaria, es decir, que no pueden dictar leyes pero sí regular de qué manera se aplican esas leyes.

En legislación ambiental las más comunes son Ordenanzas de ruido, de residuos, de vertidos y de emisiones a la atmósfera.

Tipos de legislación ambiental

En el derecho español se recogen diferentes tipos de normativas medioambientales que se pueden clasificar en:

Leyes: las leyes marcan las disposiciones de carácter general con las directrices generales que regulan diferentes ámbitos del medio ambiente y que pueden ser desarrolladas a través de los reglamentos.
Reglamentos: los reglamentos son normas jurídicas de rango inferior a la ley dictada por órgano que tiene potestad reglamentaria
Reales Decretos: estas disposiciones legales aprueban los reglamentos de desarrollo de las leyes estatales. Se aprueban en el consejo de ministros.
Órdenes Ministeriales: las órdenes ministeriales son las disposiciones legales que establece cada Ministerio según la materia a legislar.
Órdenes autonómicas: son las disposiciones legales que son emitidas por los consejeros de las comunidades autónomas.
Las disposiciones reglamentarias locales pueden tener diferentes formas, planes de urbanismo, ordenanzas, reglamentos. En todo caso regulan los temas de competencia del ayuntamiento.

Normativa medioambiental Internacional

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas.

A nivel internacional la Organización de Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 una serie de objetivos de carácter global cuya principal función es: erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar un desarrollo sostenible.

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son 17 objetivos que tienen metas específicas y que se pueden resumir en los siguientes puntos:

Fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Hambre cero.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar
Educación inclusiva, equitativa y de calidad
Igualdad entre los géneros.
Disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento
Acceso a una energía asequible, segura, y sostenible
Crecimiento económico sostenido, el empleo pleno y trabajo
Industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Reducir las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumos responsables
Combatir el cambio climático
Conservación de los océanos, los mares y los recursos marinos
Uso sostenible de los ecosistemas terrestres
Sociedades pacíficas, el acceso a la justicia para todos e instituciones sólidas
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Los ODS marcan las directrices de actuación para todos los países miembros de la Organización de Naciones Unidas.

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Ámbitos temáticos de normativa medioambiental en España

La legislación ambiental en España incluye diferentes ámbitos de regulación y además se encuentra en continuo crecimiento y evolución, por lo que se hace difícil hacer una síntesis global.

De manera general podemos distinguir los siguientes tipos de vectores ambientales que debemos considerar si queremos estar al día en materia de legislación ambiental en nuestra empresa:

Legislación ambiental sobre Aguas continentales y aguas marinas

Las normativa ambiental en materia de aguas continentales y marinas regulan las acciones para la protección del Dominio Público Hidráulico y del Dominio Público Marítimo terrestre.

Se considera dominio público hidráulico:

  1.  Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.
  2. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
  3. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
  4. Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.
  5. Aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

A su vez, se entiende por Dominio Público Marítimo Terrestre el conjunto de bienes de dominio público formado por el mar territorial, las aguas interiores, los recursos naturales, así como las playas y costas.

Principales normas ambientales sobre Aguas continentales y aguas marinas

Dentro de esta categoría las principales normas ambientales que regulan este ámbito son las siguientes:

REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y sus posteriores modificaciones
ORDEN ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo
LEY 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
LEY 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
REAL DECRETO 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Estas disposiciones legales establecen entre otros puntos las medidas de control de los vertidos a dominio público, las captaciones, el régimen económico y financiero de la utilización del dominio público hidráulico, la protección y la calidad de las aguas, las concesiones de aguas en general.

Legislación ambiental sobre Cambio climático

Para luchar contra los impactos del cambio climático se requiere una transformación profunda del modelo económico, energético y productivo. También el establecimiento de medidas de prevención y una política trasversal que afecte a varias áreas de nuestro sistema económico y social.

Dentro de este ámbito se han desarrollado en los últimos años en nuestro país y a nivel europeo numerosa normativa medioambiental para el control de la incidencia y los impactos ambientales relacionados con una economía sostenible.

En 2021 se publicó en España la LEY 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. El objeto de esta Ley es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

En el ámbito de la economía circular y sostenible se está trabajando activamente en los últimos años, tanto a nivel de normativa medioambiental estatal como de desarrollo de las comunidades autónomas, y también dentro del marco legislativo europeo.

Principales iniciativas legislativas sobre Cambio climático

Pero, sin lugar a dudas, el establecimiento del régimen de derechos de emisión ha sido pionero en cuanto a la definición de propuestas legislativas para liderar esta lucha. Sirvan la siguiente legislación ambiental como resumen de las principales iniciativas legislativas de ámbito estatal:

REAL DECRETO LEY 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
LEY 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
REAL DECRETO 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
REGLAMENTO (CE) nº 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (versión refundida).
REGLAMENTO (UE) Nº 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006

Legislación ambiental sobre Residuos

El marco legislativo en materia de residuos actualmente está determinado por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta Ley establece la principal regulación con carácter general de los residuos en nuestro ordenamiento jurídico. Define el marco tanto para las administraciones públicas, como para los productores y los gestores de residuos en materia de prevención, producción y gestión de los residuos.

No obstante, además de la Ley 7/2022 se han desarrollado otras normativas ambientales de carácter más específico para regular las diferentes tipologías de residuos, entre las que cabe señalar:

LEY 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
REAL DECRETO 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
EL REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados
REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
EL REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
REAL DECRETO 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

 Legislación ambiental sobre Atmósfera

En materia de contaminación atmosférica y calidad del aire ambiente el marco legislativo viene determinado por la Ley 34/2007, norma que establece las medidas de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar o aminorar los daños que de ella puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

Están sujetas a las prescripciones de dicha ley todas las fuentes de los contaminantes relacionados en su anexo I correspondientes a las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera enumeradas en su anexo IV ya sean públicas o privadas.

Además de la Ley 34/2007 el marco legislativo en calidad del aire de manera se completa con otras normativas medioambientales como las siguientes referencias:

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
REAL DECRETO 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación
EL REAL DECRETO 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Legislación ambiental sobre Ruido

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece el marco básico en lo referente a evaluación y gestión del ruido ambiental, para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de las emisiones sonoras,  incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental.

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

Legislación ambiental sobre Eficiencia energética

El Real decreto 56/2016 define un marco normativo estatal para el impulso de la eficiencia energética, el ahorro energético y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta norma ambiental regula las auditorías energéticas y la acreditación de proveedores de servicios energéticos:

REAL DECRETO 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Legislación ambiental sobre Responsabilidad medioambiental

La responsabilidad ambiental, y en concreto la Ley 26/2007 regulan la responsabilidad de los operadores de actividades para prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales ocasionados con objeto de devolver los recursos naturales a su estado original y sufragar el coste de las acciones preventivas y reparadoras. Dentro de este ámbito tenemos las siguientes normativas medioambientales:

LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

Legislación ambiental sobre Actividades clasificadas

En materia de actividades clasificadas, licencias ambientales y autorizaciones cabe destacar los siguientes textos legales y en especial la Ley de Prevención y control integrados de la contaminación, pionera en establecer un marco de control global e integrado de la contaminación a través de las autorizaciones ambientales integradas.

EL REAL DECRETO 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas
REAL DECRETO 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

Legislación ambiental sobre Evaluación ambiental

En materia de evaluación de impacto ambiental la norma básica a nivel estatal es la LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

Legislación ambiental sobre Suelos contaminados

En materia de suelos contaminados destacamos a nivel estatal el RD 9/2005 que establece la relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, actividades potencialmente contaminadoras del suelo, así como los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados:

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

Software para el cumplimiento de Legislación ambiental

Como hemos podido ver, la enorme complejidad de la legislación medioambiental así como el gran número de normas ambientales existentes, dificultan el conocimiento y cumplimiento de la legislación aplicable por las empresas. Por eso se hace necesario disponer de un servicio de asesoramiento y actualización continua de dicha legislación ambiental que nos haga posible controlar el amplio número de requisitos relacionado con la prevención ambiental.

En Eurofins EcoGestor disponemos del software legislativo Ecogestor Legislación, un servicio ofrecido a través de Internet para la identificación, actualización permanente y gestión de los requisitos legales, que incluye además el asesoramiento continuo de consultores expertos en las diferentes áreas medioambientales.

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